Por la preservación de la honestidad

     En Colombia no todos los gobernantes duran los cuatro años para los que han sido elegidos. La destitución e inhabilidad de mandatarios locales es tan frecuente, que en muchos casos la elección popular y por término fijo está dejando de ser la vía para ostentar de un todo el poder.

     Usted ha notado que en Colombia no se investiga a los candidatos antes de una elección, de allí que más adelante hay destituciones por inhabilidades, perdida de investidura, destituciones por violación de normas, ya sean congresistas, gobernadores, concejales o alcaldes.

     Ni siquiera se le exige un mínimo de preguntas básicas, todo se remite a ver si en las páginas de la Policía, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía aparece algún dato, pero el problema no es ese. En estos informes difícilmente podrían salir a relucir temas como los que planteamos en el test que aparece más abajo.

     ¿Qué tal si usted a cada candidato que apoye para Presidencia, Senado, Cámara de Representantes, Asamblea, Gobernación, Alcaldía o Concejo, a edil o a rector de universidad pública le formulara estas preguntas y otras que se nos escapan?

     ¿Recibe apoyo institucional, es decir lo apoya el presidente, gobernador, alcalde?

     ¿Quiénes patrocinan su campaña? ¿Inversionistas privados? Diga sus nombres.

     ¿A cuánto ascienden sus egresos e ingresos mensuales y de dónde provienen los últimos?

     ¿En qué trabaja su cónyuge o pareja? ¿A qué se dedican los padres y hermanas o hermanos de ella o él?

     ¿Qué hacen o a qué se dedican sus hijos, y qué piensan hacer durante su estancia en el gobierno?

     ¿Quiénes son sus padres, suegros, cuñados, tíos y primos hermanos y a qué se dedican?

     ¿Revelaría ya las declaraciones de renta suyas, de su cónyuge y de sus hijos, de los últimos diez años?

     ¿En alguna ocasión ha evadido impuestos u ocultado bienes o ingresos a la DIAN?

     ¿Usted, su pareja, sus hijos, yernos, nueras, hermanos, cuñados son o han sido contratistas del Estado?

     ¿Tiene socios de oficina o de actividades comerciales o empresariales? ¿Qué harán mientras usted ejerce el cargo para el que será elegido? ¿Esa oficina o empresa seguirá abierta mientras es funcionario público?

     ¿Revelaría ya las declaraciones de renta de la última década de las sociedades o empresas de las que ha sido socio o accionista o asesor?

     ¿Tiene o ha tenido propiedades en el extranjero? ¿Cuáles, cómo las adquirió o por cuánto las vendió?

     ¿Tiene o ha tenido finca? ¿Cuántas, en dónde, a qué han estado destinadas?

     ¿Visita casas, apartamentos o fincas de recreo en Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Panamá, Miami o algún otro lugar? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Puede asegurarle al país que no tiene intereses o participaciones en esas propiedades, directamente o a través de familiares o terceras personas?

     ¿Usted o alguien de su familia o una

sociedad comercial en la que usted o los suyos tengan intereses recibieron contribuciones del programa de Agro Ingreso Seguro o cualquier subsidio estatal? ¿Cuánto?

     ¿En cuáles ciudades de Colombia ha tenido propiedades? ¿Cómo las adquirió o por cuánto las vendió?

     ¿Cuántas cuentas tiene en bancos o entidades de crédito en Colombia o en el exterior, bien directamente a su nombre o como socio o accionista de alguna empresa?

     ¿Cuáles tarjetas de crédito, nacionales o extranjeras, utiliza?

     ¿Tiene usted, su pareja o sus hijos deudas significativas? ¿Por qué conceptos y cómo piensa pagar siendo presidente?

     ¿Cuántos carros de su propiedad o de sociedades en las que usted o su familia tengan participaciones hay en su entorno familiar?

     ¿Ha padecido embargos alguna vez? ¿Por qué y cómo salió de ese problema?

     ¿Ha sido o es demandante o demandado en procesos civiles, laborales, fiscales o de familia?

     ¿Ha tenido accidentes de tránsito? ¿Hubo heridos o muertos? ¿Ha sido sancionado como infractor de tránsito?

     ¿Ha tenido incidentes callejeros con la Policía?

     ¿Alguna vez ha tenido que comparecer ante la Procuraduría o la Fiscalía o la Contraloría para defenderse? ¿En qué casos y quién o quiénes fueron sus abogados o abogadas? ¿Ha denunciado penalmente a alguien?

     ¿Conoce o ha tenido trato con Francisco Javier Ricaurte, José Leónidas Bustos, Camilo Tarquino, Gustavo Malo, Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera, Musa Besaile, Ñoño Elías, Álvaro Asthon?

     ¿Tiene o ha tenido alguna enfermedad crónica o grave, como cáncer, diabetes, infartos, etc.?

     En fin, son solo algunos interrogantes planteados por un ciudadano del común. ¿Habrá algún candidato (a) que se atreva?

*MIGUEL MALDONADO MARTÍNEZ

Publicista Consultor y asesor - Marketing y Comunicación Política - Gerente Corporación MMM.

     Hace exactamente 60 años, por primera vez se reconocía el derecho al voto femenino en Colombia. Mucho tiempo tuvo que pasar en nuestro país hasta que, al fin, las mujeres pudimos ejercer el derecho universal a elegir y ser elegidas.

     Las mujeres que votaron por primera vez aquél 1 de diciembre, durante el plebiscito de 1957, seguramente lo hicieron con la convicción de que esto significaría un hito en la historia política colombiana. En un país con una tradición machista tan marcada, era de esperarse un camino lleno de dificultades en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres tanto en lo político como en lo económico y social.

     60 años después, los avances en cuanto al empoderamiento de la mujer -tanto en Colombia como en el mundo- dejan un sabor agridulce. Por ejemplo, solo hasta 1992 se introdujo la Declaración de Naciones Unidad sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Desde 1957 hasta hoy, el porcentaje de mujeres en los cargos de elección popular, como alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y el Congreso de la República, no supera el 22,5 %, lo que deja ver el camino que aún falta por recorrer.

     Ya es hora de que las únicas noticias que se asocien a mujeres no sean las de víctimas reclamando justicia. Casos como los de Rosa Elvira Cely, Natalia Ponce o Claudia Rodríguez son impresentables en una sociedad moderna y no pueden seguir normalizándose como parte del paisaje, como parte de la cotidianidad. De nada sirve que nos indignemos cada vez que seamos testigos de noticias de maltrato o discriminación, si no se generan cambios sustanciales –tanto sociales como institucionales- que nos garanticen que nunca más tendremos que decir “nunca más”.

     En muchas zonas de Colombia la mujer sigue relegada a los servicios domésticos y al cuidado de los hijos. La lucha de las mujeres por ganarnos una igualdad jurídica y política frente a los hombres debe darse todos los días. Esto no significa caer en el peligroso reduccionismo que supone que apoyar las batallas de la mujer significa odiar la figura del hombre o de lo masculino. De hecho, la idea es todo lo contrario: tanto hombres como mujeres somos iguales –al menos ante la ley- y tenemos la misma capacidad de trabajar y aportar, hombro a hombro, en la construcción de país.

     Es necesario reconocer que hay importantes avances, como que las mujeres conforman el 58 por ciento de total de graduados en la educación superior colombiana. Sin embargo esto debería verse reflejado en una mayor participación e incidencia de mujeres en juntas directivas y gerencia de las empresas, así como mayor visibilidad a proyectos de emprendimiento femenino.   El empoderamiento de la mujer tiene que evaluarse desde la esfera política, económica y social. Un ejemplo de esto es que a pesar de ser el 53 por ciento de la fuerza electoral, solo el 21,2 por ciento del Congreso está compuesto por mujeres.

     Las mujeres debemos ser protagonistas de nuestra historia y podemos ser protagonistas de la historia del país. La única manera que tenemos de demostrar lo capaces que somos es dando la pelea y mostrando resultados. Es hora de la mujer en Colombia y el 2018 será una prueba de ello.

Marta Lucía Ramírez