Lo malo de todo esto, es la recepción de dineros con la promesa futura de corromper el sistema de contratación estatal, o de direccionar procesos.

     Definitivamente el asunto de la corrupción se apoderó del país en los últimos días, como si se tratara del descubrimiento más sorprendente, como si lo del Odebrecht fuera el primer caso de tráfico de dineros, y como si no hubiera más sospechosos que los dos últimos presidentes, cada uno con periodo de ocho años.

     Si se hiciera una investigación, sin fanatismos ni polarizaciones, sobre lo que entra y sale de las campañas políticas, muy pocos podrían salvar su curul o posición administrativa. Los problemas no son, ni siquiera, los dineros que las compañías, sean contratistas del Estado o no, puedan donar a determinada campaña política o a todas, que es lo usual.

     Lo malo de todo esto, es la recepción de dineros con la promesa futura de corromper el

sistema de contratación estatal, o de direccionar procesos.

     El estado de cosas que vivimos en Colombia debe tener a tope la actividad de los organismos de control y de los tribunales de justicia, dedicados a cumplir las órdenes superiores venidas del Imperio de averiguar a cuantos funcionarios corrompieron los señores de Odebrecht, y cuantos contratos se adjudicaron torciéndole el cuello al sistema normativo. ¿Pero, y los otros?, ¿acaso no hay más corrupción en el país si no la que viene de los empresarios brasileros? Lo actual parece más un asunto de bambalinas: detrás deben estar sucediendo las cosas más insólitas. En 

pleno año electoral, los malos deben estar aprovechando las circunstancias para asegurarse los recursos para sus campañas, deben estar muertos de la risa, armando sus estrategias de maldad, lavado y corruptelas.

En medio de la barahúnda mediática por el sí y por el no, esta vez referido a si entraron dineros o no a las campañas, ha pasado inadvertida la noticia de que el señor procurador Carrillo ha echado a los procuradores regionales, por haber serios indicios de direccionamiento ilícito de investigaciones con fines políticos. Esta aberración amerita una investigación profunda y un castigo ejemplar a quienes incurrieron en la muy grave falta de corromper el sistema de control del Estado. Esto nos da esperanzas de que reine la equidad en los órganos de control, y que aún los controles regionales estarán en la lupa de la Procuraduría que, esta vez, parece estar en muy buenas manos.

Además, hay que protegernos, como individuos y como país, de las pequeñas corruptelas que nos llevan a la gran pérdida de valores. Comencemos por respetar el pensamiento ajeno, los bienes del otro, la honra de todos.

Hay que dejar la Justicia a quienes han sido investidos de autoridad para administrarla, evitando las consejas y los juzgamientos vía redes sociales. El tono elevado de los insultos acusa la poquedad de argumentos de quienes sienten que tienen el derecho a desprestigiar y perseguir, unos usando sus posiciones políticas o económicas, otros usando las redes para insultar. El origen de nuestras corrupciones nacionales está en esas pequeñas licencias producidas por el ocio y el odio injustificado hacia los demás. Usemos nuestros talentos intelectuales y sociales en mantener el equilibrio al que estamos obligados como seres pensantes.

MIGUEL MALDONADO MARTINEZ*

Publicista Consultor y asesor-Marketing y Comunicación Política-Gerente Corporación MMM

     Los colombianos somos doblemente víctimas: por un lado, nos han dejado en una época en la que el criminal se convierte en el referente moral y divide a la sociedad y, por otro, un gobierno negligente que nos deja un panorama económico desolador.

     Antes de la reforma tributaria presentada en 2016 y en lugar de medidas nocivas como el aumento del IVA a los colombianos, el Gobierno ha debido priorizar la reducción del gasto, especialmente, la excesiva burocracia. No obstante, la constante ha sido el despilfarro para aumentar el número de puestos para poder cumplirles a los politiqueros y sus respectivas cuotas. En vez de pensar en un Estado fuerte y eficiente que se encargue de solucionar los problemas reales de las personas –máxime en una crisis social y económica tan grave-, el Gobierno prefirió convertir el Estado en un elefante burocrático que pudiera satisfacer los apetitos de la mal llamada “Unidad Nacional”.

     Pese a que el Gobierno de Juan Manuel Santos lanzó hace un par de años un “plan de austeridad”, parece haberse quedado en el papel, porque solo los gastos de funcionamiento del Estado representan una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos: de cada 100 pesos que paga un ciudadano en impuestos, cerca de 25 se destinan a pagar salarios de funcionarios.

     Hay que decirlo claramente: quien asume el costo del derroche es el ciudadano común y corriente, el que trabaja todo el día para llevar el alimento a su familia y termina pagando, vía impuestos, la vanidad y cortoplacismo del gobierno. Incluso más, esto asfixia a la clase media y emprendedora que decide crear empresa con cargas tributarias inmanejables y sin ninguna seguridad jurídica.

     Una cifra reveladora en este sentido es que, según un estudio realizado por Confecámaras el año pasado, la tasa de supervivencia de nuevos emprendimientos es de apenas 29,7 %. Por ejemplo, de las 232.344 empresas que se registraron en 2011, actualmente solo operan 68.309.

     Colombia necesita volver a ser un país atractivo para la inversión y creación de empresa, que son finalmente los grandes motores de empleo. Sin embargo, lo que tenemos es un escenario de empresas saliendo del país por cuenta de la inestabilidad tributaria, jurídica y política que atravesamos. Debemos buscar la construcción de condiciones que permitan el surgimiento de nuevas empresas y empresarios, todo lo contrario al panorama actual: las Farc envalentonadas amenazando a todos los empresarios con llevarlos ante la JEP, como señaló hace unos días el guerrillero Carlos Antonio Lozada.

     Como decía Gonzalo Restrepo, presidente de la Fundación Éxito, “no es lógico que se les pida ayuda a los empresarios mientras se pide que se les persiga”. Los empresarios son pieza central en el país y hoy tienen más incertidumbre que certezas, especialmente con el surgimiento de candidatos con el peligroso discurso populista que los sataniza.

     Necesitamos un gobierno fuerte, que nos devuelva la confianza de retomar el camino del desarrollo. Quienes terminan asumiendo la mayor carga con la crisis económica que atravesamos son las clases menos favorecidas, generando fuga de capitales y de cerebros que podrían estar al servicio de los colombianos. Terminamos todos los ciudadanos convertidos en víctimas de un gobierno indolente y derrochón.