…Más allá de simples conjeturas o soluciones inmediatistas

     Con motivo de los últimos hechos que involucran políticos, profesionales del derecho, servidores públicos, empresa privada, operadores judiciales en presuntos hechos de corrupción, se propone:

     *Reforma en la formación ética de los abogados…

     *Una sola corte de justicia que fusione el Consejo de Estado y las cortes Constitucional y de Justicia…

     *Un Tribunal de aforados que investigue y sancione a los altos funcionarios del Estado…

     *Un solo organismo de control fiscal y disciplinario: Contraloría y Procuraduría…

     *Eliminar las regionales y distritales de estos organismos y su designación por parte de las asambleas y concejos.

     La gran palabra —palabra como un todo— que se pronuncia es…

¡UNA REFORMA INTEGRAL DE LA JUSTICIA!

     Me preguntaba un ciudadano de a pie: “¿Por qué se dice que se debe transformar la justicia?, si esos son principios inmodificables: la justicia es una sola, otra cosa es que quien la opere no tenga la formación académica necesaria ni los criterios éticos para aplicarla”.

     Tiene razón. Y entonces la propuesta ha se ser: «Lo que debemos transformar es nuestra concepción política de gobernar y de ejercer el control social». Y claro que no se hace con normas, sino con una cultura de la ética más allá del rigor del derecho positivo, la ‘buena’ herencia de Santander y del Derecho francés.

     Las estadísticas dicen que hoy existen en Colombia más de 100 facultades de derecho, que semestralmente ‘producen’, por lo menos, el mismo número de abogados.  Y una investigación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas encontró que Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo con el mayor número de abogados: 354,45 profesionales por cada cien mil habitantes. El 90% de los abogados estamos en las ciudades capitales que superan el millón de habitantes, porque en la provincia solo se puede ser funcionario público a medias: Inspector, Juez promiscuo o fiscal. Y en algunos casos, si lo quiere, litigar, pero los asuntos no dan para vivir. Incluso, como es poca la actividad, ese abogado se rebusca con otras cosas y no falta que le claven su apodo: ‘doctor franela’, que así le decían a un colega en mi pueblo porque, ante el calor y la informalidad, no se ponía camisa sino una camiseta china. Y además se enfrenta al zapatero inquieto que coloca su paragua y se busca una máquina de escribir, hace documentos y se lleva la clientela.  

     Entonces, el primer paso, dice el Procurador y la precandidata Morales, es “mejorar la formación ética de los abogados e implementar estándares de eficiencia y transparencia en la rama judicial”.  Y la propuesta es un referéndum para rescatar la dignidad de una profesión que, no es de ahora, pasa por una situación inequitativa en las competencias tanto en su formación como en su ejercicio. Y eso viene de hace tiempo… Como dice un dicho campesino caribe: “¡Año mojoso!”.

     Y si es de formación universitaria, la misma constitución habla de la autonomía universitaria, reglamentada por la Ley 30 de 1992, y pare de contar. Si el problema es de normas, tenemos por montones.

     ¿Para quién es un secreto que el primer negocio que montan los congresistas es una IES —Institución de Educación Superior— que ofrece becas para mantener a su electorado y la inauguran con una facultad de derecho? Para ello solo se necesita una casa, unos tableros, unas sillas y profesores a 20 mil pesos la hora.  Es la facultad más fácil de montar. Simple: profesores que editan lo que otros han escrito y dicen lo mismo todo el tiempo, al punto de

que los estudiantes usan como elementos de estudio los apuntes o lo que escuchan. Son los llamados ‘estudiantes de oreja’.

     Algunas revistas especializadas en Economía muestran el mercado legal —la oferta de abogados— como empresarial al más alto nivel. Por ejemplo: el título de portada de la edición 524 de Dinero es: ‘ABOGADOS INC’. Una lista de los bufetes que facturan cifras que superan el presupuesto de cualquier municipio mediano de este país. Son los full law services —mal traducido: servicios de ley completa—, aquellos que ofrecen diversidad del área y práctica jurídica, y actúan como supermercados en un negocio rentable. Estos bufetes ‘hipermercados jurídicos dueños del negocio jurídico’, extranjeros y nacionales, cooptaron el ejercicio del litigio y son los representantes de aquellos que tienen relación directa con los grandes negocios del Estado en su administración, de este con los particulares y de estos entre sí. Ellos ponen ministros, jefes de las oficinas jurídicas de las entidades estatales, fiscales, jueces, magistrados y pare de contar…  Es decir: negocios entre iguales. ¿Y qué decir del ejercicio de la justicia espectáculo? ¡!  Ese debe ser motivo de otro escrito.  

     Lo menor, las diferencias de la cotidianidad social, eso queda para el abogado que lucha por la subsistencia, por vivir de una profesión que compite con toda clase de personajes. En lo penal, por ejemplo, haciendo el ejercicio desde bien abajo, mencionemos a ‘el cazador de casos en las sedes judiciales’. Un individuo que se encuentra a la entrada y tiene relación con el policía, que abordan al capturado y le ofrecen ayuda para salir. Este ‘caza-casos’ trabaja con el funcionario judicial, el policía, el guarda del Inpec y la empresa de seguridad del ingreso a la Fiscalía. Este abogado, por desgracia y vicisitudes de la vida, no ha podido cambiar su agenda desde hace tres años y en ella guarda los recibos que tiene que pagar con el ingreso del día. Este profesional, obvio, no puede tener mucha formación sobre el millón de normas que existen —y menos para actualizarse sobre las mil y pico que se producen al año— si los pocos pesos que le entra no le alcanzan para su subsistencia. Tiene un protocolo definido en las audiencias: aceptar cargos o negarlos o un preacuerdo. Igual lo tiene para negociar los honorarios, entre otros ítems, decirle al cliente que no le puede rebajar los 50 mil pesos, porque 25 mil se lo llevan los demás de la cadena. Esto, si el cliente es un ciudadano del común que no tiene antecedentes y se encuentra ‘muerto del miedo’ por la captura, porque si es un bandido aventajado, dice: “No se preocupe, que estoy esperando al abogado de la defensoría. Ese lo hace gratis”.

     Otros más arribita, que miran con menosprecio a los que transitan por la puerta de los juzgados, trabajan para agencias de seguros que venden a sus asociados asistencia en seguros en accidente de tránsito, o los que laboran   en oficina de cobranza. A cada uno le entregan 300 procesos y ‘tire infantería’…  el promedió de ingreso: ¡un millón de pesos mensuales!  ¿Será que, de ese dinero, con el cual debe mantener las necesidades básicas y cambiar frecuentemente la suela de los zapatos, tal abogado puede dejar algo para pagar la capacitación de un diplomado, por el cual las universidades, a pesar de los dudoso de la calidad, cobran no menos de tres millones de pesos? ¡Ni soñar con especialidad, ni maestría! Los veteranos dicen: “Lo que no aprendí cuando tenía la cabeza buena,

cuando era joven y bello, no voy a aprenderlo ahora con estas angustias de que todo se me olvida… ¡Qué voy a estudiá ni qué ná! ¡Lo que fue, fue!”

     Finalmente, los intermedios que ejercemos la profesión creyendo que con discursos ilustrados podemos convencer a los usuarios y operadores jurídicos de una propuesta que defina una situación jurídica, nos vemos con la realidad constante de que ese no es el interés del país. Pero lo que se gana tampoco alcanza, por eso seguimos soñando. Pero, aunque no se crea, del Derecho se logra vivir, sin lujos, pero con algunas comodidades.   

     Entonces, pues, la reforma va más allá de simples conjeturas o soluciones inmediatistas, desde el principio de la realidad de algunos que buscan favores políticos en las elecciones que se avecinan o de aquellos que pretenden pasar el chaparrón de la bulla mediática.