Medidas contra la corrupción oficial

     El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) es una iniciativa de la sociedad civil que busca contribuir a la prevención de hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado.

     Para este ejercicio, la corrupción es entendida como “el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios personales o de un grupo determinado de poder, en detrimento de los intereses colectivos”. Mientras que los riesgos de corrupción administrativa hacen referencia a condiciones institucionales y prácticas de las autoridades públicas que pueden favorecer la ocurrencia de hechos de corrupción.

     Y hay que decir que los riesgos de corrupción administrativa se incrementan en la medida en que son más bajos el desarrollo institucional —que se cumplan normas y protocolos, que actúen todos los controles— y la difusión de información de la gestión, factores que, combinados, pueden favorecer la acción de los corruptos.

     Así, este ejercicio no identifica actos, hechos u operaciones de corrupción, ni procesos de captura del Estado, ni percepción ciudadana sobre la transparencia o sobre la gestión de las entidades evaluadas.

     De esta manera, la evaluación se concentra en tres tipos de riesgo:

     Débil capacidad para generar y entregar información pública, como baja socialización de información de las decisiones y los actos de las autoridades.

     Bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y su ejecución, lo cual 

puede permitir exceso de discrecionalidad por parte de las autoridades, es decir, de libertad para tomar decisiones sin atender reglamentación alguna.

     Inoperancia de los controles a la gestión, tanto el control social como el control institucional, ya sean estos externos (p.e. el ejercido de la Contraloría o la Procuraduría) o internos (p.e. control interno de gestión y control interno disciplinario).

     Los resultados de la evaluación, le permitirán a las entidades:

     Identificar riesgos de corrupción administrativa y oportunidades de ajuste y mejoramiento en los ámbitos más claves de la gestión: contratación pública, empleo público, promoción de la participación ciudadana, rendición de cuentas y control interno, entre otras.

     Mejorar el proceso de diseño y adopción de medidas y políticas anticorrupción.

     Identificar falencias o debilidades en los diseños institucionales para garantizar el acceso a la información pública

como derecho fundamental.

TRES INSTRUMENTOS

     El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas cuenta con tres instrumentos de evaluación: 1. El Índice de Transparencia Nacional que evalúa entidades de las tres ramas del poder público, los órganos de control y el Ministerio; 2. El Índice de Transparencia Departamental, el cual evalúa la gestión centralizada de las gobernaciones y las contralorías departamentales y 3. El Índice de Transparencia Municipal, diseñado para evaluar la gestión central de las alcaldías.

     —¿Cómo se hace el ITEP?

     El ITEP se realiza a partir de la revisión, la crítica y el análisis de información oficial.

     —¿Qué evalúa el ITEP?

     El ITEP evalúa tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción:

     Visibilidad: Es la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, procedimientos y decisiones, de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada.

     Institucionalidad: Es la capacidad de una entidad para lograr que los servidores públicos y la administración en su conjunto cumplan con normas y estándares establecidos para los procesos de gestión.

     Control y sanción: Es la capacidad para generar acciones de control y sanción mediante procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana.

     Cada uno de estos factores lo componen indicadores, subindicadores y variables que centran su indagación en procesos claves para la gestión institucional.

     Conozca aquí la composición y el peso específico de cada uno de los factores, sus indicadores y subindicadores (linkea con el cuadro de indicadores: Indicedetransparencia.org.co/resultados2015-2016).

     —¿Cómo se obtiene la calificación?

     Los factores y los indicadores de evaluación tienen pesos diferenciados en el cálculo de la calificación final del Índice. El peso de cada factor e indicador se otorga por libre consideración metodológica y conceptual de acuerdo con los siguientes criterios:

     La relevancia del tema en términos de transparencia y prevención de riesgos de corrupción en los procesos de la gestión pública.

     La actualización normativa respecto a instrumentos y herramientas de administración pública, tanto en existencia como en su contenido en pro de la transparencia.

     La mayor o menor dificultad para la puesta en marcha de medidas o acciones de mejoramiento. En este aspecto se tienen en cuenta que aquellos temas que requieran mayores esfuerzos pesan más en el momento de la medición.

     De acuerdo con lo anterior, los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Por su parte, los indicadores de cada factor también cuentan con una ponderación diferenciada.

     Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación.

NIVELES DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

     Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo:

MIGUEL MALDONADO MARTÍNEZ

*Consultor en Comunicación Política

Publicista Consultor Estratega y Asesor de Campañas Electorales

Gerente Corporación MMM Empresa Encuestadora Autorizada por el CNE Colombia

@corporacionmmm

Vigencia de un escritor y estadista, 500 años después (parte II)

     La constatación de que Maquiavelo tiene razón en todo lo dicho en la primera entrega, es, en definitiva, lo que nos ha llevado a diseñar todos los diques posibles para evitar que la razón de Estado o la persecución del interés propio, tanto por parte de los gobernantes como de los grupos de interés, traspase ciertos límites. Esa ha sido la labor tradicional de la democracia y de las instituciones del Estado de derecho. Hoy, junto con la exigencia de ética pública, funcionan como algunos de los condicionantes externos de la acción política. Exactamente igual que eso que teorizaba en su libro cuando se refería a la necesita o la fortuna.

     La virtud del gobernante no solo consiste en saber operar bajo esos condicionantes, sino en tener conciencia también de cuál es la qualità de’ tempi, las peculiaridades de cada contexto y el estilo de gobierno que encaja con ellas. En este sentido, la política de los drones de Obama sería más maquiavélica que la de Guantánamo o de las empresas bélicas de Bush. En ambos casos, el fin, la seguridad, condiciona los medios, pero una es mucho más aceptable para la moralidad pública de un país como Estados Unidos que otra y, por tanto, más eficaz. El fin se impone a pesar de su inmoralidad, pero unos son más digeribles para las “circunstancias del tiempo” que otros. Como se ve, lo importante es el éxito de la acción, no su adecuación a principios. O, desde otra perspectiva y por quedarnos en nuestro país, las nuevas medidas dirigidas a evitar la corrupción, que son una respuesta a la tendencia de un sector de la clase política a perseguir sus propios intereses a expensas del interés público, responden a una clara presión ciudadana para imponer un nuevo dique a los políticos. Maquiavelo diría que lo hacen más por ser reelegidos que porque crean en ellos, pero lo que importa a la postre es que existan y constriñan su acción.

     Sea como fuere, el mensaje fundamental de Maquiavelo es que el punto de partida de lo político debe ser siempre la necesidad de atender a las consecuencias de las decisiones políticas, una variante, mucho más cruda, de la ética de la responsabilidad weberiana. El problema estriba en que —sin caer en el hipermoralismo— seamos capaces de escoger los medios, que aun permitiéndonos la consecución de un fin concreto, no atenten contra lo que deben ser los objetivos fundamentales de nuestra vida en común y dotan de identidad y sentido a la vida democrática, el vivere civile e libero adecuado a nuestra época. Es algo que no podemos ignorar en estos momentos en los que casi todo vale con tal de salir de la crisis económica, el fin hipostasiado, o en el que los presupuestos básicos de la ética pública aparecen hechos jirones. Puede que el mal no pueda ser erradicado de la política, pero lo que está claro es que el mejor antídoto contra el burdo maquiavelismo es una ciudadanía vigilante con capacidad para la reflexión y la crítica. No podemos olvidar que, como decía el profesor Del Águila, uno de nuestros mayores expertos sobre Maquiavelo, al final “somos nosotros quienes trazamos la línea de lo intolerable” (MMM)

     María Andrea Nieto, directora del Sena, denuncia casos de corrupción en la contratación de la entidad y, en vez de centrar la atención en sus señalamientos, es declarada insubsistente.

     Por estos días ocurrió un hecho que representa la tragicomedia en que nos tiene sumidos este gobierno: María Andrea Nieto, directora del Sena, denuncia casos de corrupción en la contratación de la entidad y, en vez de centrar la atención en sus señalamientos, es declarada insubsistente. Palabras más, palabras menos, se ataca e invisibiliza a quien denuncia actos de corrupción.

     Según informes de la Contraloría, se encontró un desorden administrativo luego de auditar la gestión del entonces director del Sena Alfonso Prada, quien ahora es el secretario General de la Presidencia. Lo que revelan tanto informes de los organismos de control como las denuncias de María Andrea Nieto, es que desde el gobierno convirtieron a la entidad en un fortín burocrático y de contratación para las clientelas y amigos del oficialismo.

     Dice textualmente la denuncia, que “se encontraron deficiencias en las etapas de contratación por falta de efectividad en el control y seguimiento. Falta de estudios previos en importantes contratos o pagos que no están fundamentados y hacen parte del desorden administrativo que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantuvo durante toda la gestión de Alfonso Prada”. Esperaría uno que la primera reacción desde el gobierno hubiera sido exigir claridad inmediata sobre el o los responsables y asumir una postura fuerte contra la corrupción. Sin embargo, la primera decisión fue pedirle la renuncia a la directora bajo el argumento de “no haber seguido los conductos regulares” y posteriormente declararla insubsistente ante su negativa de renunciar por “haber perdido la confianza del Gobierno Nacional”.

     ¿De qué manera debe conservarse la confianza del Gobierno? El deber de los buenos funcionarios es con el Estado y las instituciones más que guardando la espalda a quienes las deshonran o por negligencia les fallan. Si para no molestar al presidente hay que ser complaciente con hechos oscuros de sus funcionarios, apaguemos y vámonos. Triste contraste que la educación sea un derecho casi inaccesible para muchos jóvenes colombianos, mientras desde el Gobierno convierten en fortín burocrático a una entidad fundamental en la formación de jóvenes de menores recursos.

     Después de este episodio quedan más dudas que certezas. Muy probablemente no pase nada porque la impunidad se convirtió en parte del paisaje. La corrupción, mermelada o clientelismo se apoderó de casi todas las instituciones del Estado, que en vez de cumplir sus funciones en beneficio de todos los ciudadanos, se convirtieron en botín de politiqueros para ubicar a “sus cuotas” —sin importar si tienen méritos— y garantizar sus apoyos.

     La Contraloría y la Procuraduría deben tener un papel mucho más activo en la prevención, denuncia y sanción efectiva a la corrupción. Es inaceptable que sigan llegando tarde, cuando el daño ya está hecho y los culpables quedan sin sanción, fortaleciendo la idea de que en Colombia todo vale y que la justicia es solo para unos pocos. Tenemos que ser Fuertes y por eso quiero garantizar un gobierno que ejerza liderazgo por la fuerza de sus ideas y no por los puestos y contratos que se negocian como la caja menor del mandatario de turno.